Justicia económica, pobreza y bienestar social: defender la dignidad humana y el bien común
Desde el cuidado de los pobres hasta la protección de los trabajadores y la promoción de oportunidades económicas, la doctrina social de la Iglesia ofrece un marco para construir una sociedad justa. Descubre qué significa esto para los católicos de Colorado.
Parte 4 de una serie de 10 artículos sobre las prioridades de los obispos de Colorado en políticas públicas.
Las decisiones económicas deben respetar la dignidad humana y reflejar una opción preferencial por los pobres y vulnerables, mediante programas de apoyo social y la promoción de oportunidades de movilidad económica y social.
La Iglesia católica enseña que la sociedad tiene la obligación moral de cuidar a sus miembros más vulnerables. Su postura ante la pobreza y la asistencia social se fundamenta en la dignidad humana, la justicia y el amor a los pobres.
Como explica el Catecismo de la Iglesia Católica, Jesús se identifica con los pobres de toda clase y “hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su Reino” (CIC 544).
En el centro de la enseñanza católica se encuentra la “opción preferencial por los pobres”, que nos llama a priorizar las necesidades de las personas marginadas en las decisiones públicas y privadas.
Este principio se fundamenta en el destino universal de los bienes, que sostiene que los recursos de la tierra pertenecen a todos y que la propiedad privada conlleva una responsabilidad social. Por lo tanto, ayudar a quienes lo necesitan no es solo un acto de caridad voluntario, sino también una cuestión de justicia.
Para cumplir con esta responsabilidad, el estado tiene el deber legítimo de utilizar programas de asistencia social y recursos provenientes de los impuestos para brindar una red de protección a quienes más lo necesitan, práctica respaldada por el principio de solidaridad.
Sin embargo, el principio de subsidiariedad establece que las decisiones que afectan a una comunidad deben tomarse, en la medida de lo posible, por quienes están más cerca de ella. La intervención del gobierno no debe sustituir la caridad cristiana personal ni disminuir el papel fundamental de las familias y las organizaciones comunitarias locales, que siguen siendo los principales agentes de atención y apoyo.
Enseñanza de la Iglesia sobre la justicia económica
La enseñanza de la Iglesia sobre la justicia económica se ha desarrollado a lo largo de más de un siglo, a través de encíclicas papales que abordan la dignidad de los trabajadores, la propiedad privada y la relación entre los sistemas económicos y el bien común.
La encíclica Rerum Novarum, publicada por el papa León XIII en 1891, es uno de los documentos de la Iglesia más citados sobre la justicia económica. En ella, el papa rechazó tanto el capitalismo sin límites como el socialismo de Estado, defendió los derechos de los trabajadores y afirmó que Dios tiene una preocupación especial por las personas marginadas.
Un siglo después, san Juan Pablo II abordó muchas de estas mismas inquietudes en Centesimus Annus (1991), escrita con motivo del centenario de Rerum Novarum.
En esta encíclica, san Juan Pablo II profundizó en la relación entre la propiedad privada y el destino universal de los bienes, así como en cómo los distintos sistemas económicos reflejan verdades sobre la naturaleza humana y la relación del ser humano con Dios.
Según san Juan Pablo II, el destino universal de los bienes exige proteger la propiedad privada.
Esto es especialmente importante en una época de innovación tecnológica, en la que el conocimiento mismo se ha convertido en un bien comercial. Cuando la propiedad de una persona está protegida por la ley y los trabajadores reciben una remuneración justa por su trabajo, se respeta su dignidad y se puede generar riqueza para sostener a las familias, apoyar obras de caridad y contribuir al bienestar de toda la comunidad.
Por esta razón, san Juan Pablo II sostuvo que el comunismo atenta contra la dignidad humana al aumentar la alienación y al tratar a la persona como un medio en lugar de un fin. De manera similar, el capitalismo sin límites puede tratar a las personas como instrumentos para obtener ganancias, explotando su trabajo en perjuicio de las familias y la sociedad.
El papa reconoció que, en el mundo moderno, se necesita una economía que valore el papel positivo de las empresas, del mercado, de la propiedad privada y de la creatividad humana, pero que, al mismo tiempo, respete la dignidad de los trabajadores y esté al servicio del bien común.
Justicia económica en Colorado
Colorado ofrece numerosos servicios para ayudar a las personas pobres y vulnerables, incluidos programas que Caridades Católicas utiliza para brindar una atención integral y compasiva a la comunidad.
Entre las principales formas de apoyo se encuentran los créditos fiscales, los programas de capacitación y desarrollo laboral, la asistencia a las familias, las medidas para facilitar el acceso a viviendas asequibles y la asistencia médica.
Los créditos fiscales, como el crédito fiscal por contribuciones para personas sin hogar (Homeless Contribution Tax Credit) y el crédito tributario por ingreso del trabajo (Earned Income Tax Credit), junto con otros programas de asistencia dirigidos a familias de bajos ingresos que cumplen ciertos requisitos económicos, son compatibles con la enseñanza de la Iglesia sobre la justicia económica y el papel del estado en brindar ayuda preferencial a los pobres.
En los últimos años, los legisladores de Colorado se han enfocado en impulsar la capacitación y el desarrollo laboral para fortalecer la economía del estado. Para ello, han aprobado nuevas leyes destinadas a crear oportunidades en comunidades con bajos niveles de participación en la fuerza laboral y entre los recién egresados universitarios.
El acceso a viviendas asequibles también ha sido una prioridad importante para los legisladores de Colorado durante los últimos cinco años. Se ha ampliado la autoridad de los gobiernos locales para agilizar los proyectos de vivienda asequible y se han destinado millones de dólares para su financiamiento.
Aunque algunas medidas buscan ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda, otras leyes, incluida la HB26-1001, conocida como HOME Act, han generado inquietudes respecto del principio católico de subsidiariedad, que nos llama a tomar las decisiones sociales, políticas y económicas en el ámbito más local posible. En el caso de las leyes recientes sobre vivienda asequible, incluida la HOME Act, las restricciones a los derechos de los gobiernos locales, las instituciones educativas, las organizaciones sin fines de lucro y los propietarios de viviendas de alquiler pueden acarrear consecuencias imprevistas, aun cuando la intención sea ofrecer más oportunidades de vivienda.
Es fundamental que el estado intervenga en los asuntos relacionados con la justicia económica, pero también que reconozca los posibles riesgos de un sistema de asistencia social demasiado amplio, que podría limitar el desarrollo integral de las personas y sus oportunidades de mejorar su situación económica y social.
Brindar ayuda preferencial a las familias de bajos ingresos es esencial. Inspirada en las enseñanzas de san Juan Pablo II, la Conferencia Católica de Colorado destaca la importancia de una economía de libre mercado complementada por una red de protección social del estado que promueva la dignidad humana, las oportunidades y la movilidad económica y social.
Cómo poner en práctica la enseñanza de la Iglesia
Para los católicos, la enseñanza de la Iglesia sobre la pobreza y la asistencia social se fundamenta en el mensaje central del evangelio. Esta enseñanza une el deber personal de practicar la caridad, el principio de justicia y una comprensión más amplia de los sistemas económicos, fundamentada en la doctrina social de la Iglesia.
En las conversaciones cotidianas, los católicos pueden ayudar a que el diálogo sobre la pobreza y la asistencia social deje de centrarse en los enfrentamientos políticos que impiden llegar a acuerdos y se oriente hacia una misión inspirada en el evangelio, que ponga en el centro la dignidad inherente de toda persona humana.
Esto significa reconocer la obligación que tiene la sociedad de cuidar a los más pobres y vulnerables, al mismo tiempo que se promueven oportunidades para que las personas puedan trabajar, sostener a sus familias y participar en la vida de su comunidad.
Al dialogar con los legisladores, los católicos deben compartir sus propias experiencias e historias relacionadas con la justicia económica, la pobreza y la asistencia social. La enseñanza de la Iglesia puede servir como guía moral, más allá de las divisiones partidistas, para evaluar las políticas públicas según sus efectos sobre la dignidad humana.
Al promover políticas que apoyen a los pobres, los católicos pueden destacar la importancia tanto de la solidaridad como de la subsidiariedad, reconociendo la responsabilidad de la sociedad de cuidar a quienes lo necesitan, sin dejar de proteger el papel de las familias, las comunidades locales y las organizaciones de caridad.
En definitiva, promover la justicia económica significa construir una sociedad en la que se respete la dignidad de los trabajadores, se prioricen las necesidades de los pobres y las personas y las familias tengan oportunidades reales para desarrollarse plenamente.
