Familias católicas enfrentan ataque inconstitucional de Colorado
Por el padre James de Cendra, DCJM
Director
St. Mary Catholic Virtue School, Littleton
¿Deberían utilizarse los impuestos que usted paga en Colorado para desalentar a las familias de inscribir a sus hijos en escuelas católicas?
Solo los más fervientes opositores de la fe responderían que sí. Sin embargo, esta es precisamente la situación que ha vivido Lisa Sheley, tanto como madre de familia como encargada de inscripciones en St. Mary Catholic Virtue School, una escuela católica de Littleton centrada en la formación en virtudes. Todo comenzó cuando el estado excluyó a las escuelas católicas de su programa de preescolar “universal” (UPK, por sus siglas en inglés).
Lisa y su esposo, Dan Sheley, ya tenían tres hijos inscritos en St. Mary en 2022, cuando Colorado aprobó una ley que otorgaba a las familias alrededor de 6,000 dólares por niño para utilizarlos en la escuela pública, privada o religiosa de su elección. Estaban felices de que su cuarto hijo pudiera beneficiarse del programa UPK.
Pero pronto quedó claro que el programa de Preescolar Universal de Colorado (UPK) no era realmente universal, pues excluía a escuelas como St. Mary que defienden las enseñanzas morales de la Iglesia sobre la sexualidad y el género. Familias como la de los Sheley se vieron obligadas a elegir entre una educación que pudieran pagar y un ambiente que alimentara la fe de sus hijos.
Especialmente para las familias de recursos limitados, el programa UPK crea un fuerte incentivo, financiado con los impuestos de los contribuyentes, para renunciar a la educación católica.
“Hablo con muchos padres de familia y, con frecuencia, conversamos sobre el programa UPK”, comenta Lisa. “Es difícil rechazar el ‘dinero gratis’. Así que terminan aceptando un lugar en el programa. Las familias abandonan el sistema educativo católico y ya no regresan”.
Desde que comenzó el programa UPK, los centros preescolares católicos del área de Denver han reportado una disminución de casi el 20 % en sus inscripciones. Una escuela, Wellspring Catholic Academy, en Lakewood, tuvo que cerrar sus puertas debido a la falta de fondos y a la disminución de la matrícula. Este programa ha perjudicado a las familias católicas, a las escuelas católicas y, en última instancia, al futuro de la Iglesia en Colorado.
La situación sería distinta si al menos el estado aplicara sus criterios de manera uniforme. Sin embargo, Colorado ha reconocido que otras escuelas pueden utilizar diversos criterios legítimos para determinar a quiénes admiten en sus comunidades educativas. Por ejemplo, las escuelas pueden negar la inscripción a familias según su estado de vacunación, el vecindario donde viven, sus características socioeconómicas o alguna discapacidad. Un funcionario estatal incluso afirmó que una escuela podría atender exclusivamente a niños de una raza determinada o a niños y familias que se identifican como LGBTQ. En cambio, St. Mary Catholic Virtue School atiende a niños con síndrome de Down, autismo y otras necesidades especiales. De hecho, actualmente St. Mary cuenta con 75 alumnos con discapacidad, lo que representa aproximadamente el 15 % de su matrícula total. (Una cantidad similar de alumnos participa en su programa para estudiantes con aptitudes sobresalientes).
Pero nada de esto les importó a los funcionarios de Colorado. Cuando se trata de escuelas católicas que desean mantenerse fieles a las enseñanzas de la Iglesia mientras atienden a familias que buscan una educación católica, el estado se opone.
Lisa Sheley y St. Mary Catholic Virtue School no se han quedado de brazos cruzados ante esta grave injusticia. Somos codemandantes en una demanda contra el estado de Colorado (St. Mary v. Roy), que será examinada por la Corte Suprema de los Estados Unidos este noviembre. Contamos con una sólida representación legal del Becket Fund for Religious Liberty y oramos con confianza para que prevalezca la justicia.
Los precedentes judiciales recientes están de nuestro lado. Las sentencias en casos como Trinity Lutheran v. Comer, Espinoza v. Montana y Carson v. Makin han dejado claro que los estados no pueden exigir a las personas que renuncien a sus creencias religiosas como condición para recibir beneficios públicos. Excluir a las personas religiosas de estos beneficios por sus creencias o por el ejercicio de su religión es inconstitucional. Sin embargo, eso es precisamente lo que Colorado está haciendo al impedir que las escuelas católicas fieles a las enseñanzas de la Iglesia participen en el programa UPK.
St. Mary Catholic Virtue School fue fundada para apoyar a los padres de familia en su misión de guiar a sus hijos por un camino de virtudes morales e intelectuales hacia la santidad.
“Todo lo que hacemos en casa se refuerza en la escuela”, comentó Lisa. “Y todo lo que los niños hacen en la escuela se refuerza los domingos durante la Misa. Es un proceso continuo en el que todos contribuimos a fortalecer su formación en la fe”.
Vale la pena luchar por esta formación integral en la fe. La educación en St. Mary es una alianza entre padres de familia, maestros, alumnos y sacerdotes. Esperamos con ilusión el día en que el estado apoye los esfuerzos de las familias por educar a sus hijos en la fe, en lugar de obstaculizarlos activamente.
Les pido que se unan a mí en oración por las familias de Colorado, como la familia Sheley, que están criando a los niños que serán el futuro de la Iglesia. También los invito a apoyar a las escuelas católicas fieles a las enseñanzas de la Iglesia, como St. Mary Catholic Virtue School, donde los niños pueden formarse para llegar a ser héroes y santos. Finalmente, les pido que eleven una oración el 3 de noviembre, cuando la Corte Suprema escuche los argumentos del caso St. Mary v. Roy, para que prevalezcan la justicia y la libertad religiosa.
