En un panel organizado el pasado 31 de enero por Juntos Colorado y la Conferencia Católica de Colorado, inmigrantes indocumentados y el obispo auxiliar de Denver monseñor Jorge Rodríguez, concientizaron sobre los efectos y las ineficiencias de la ley SB-251 y la obligación moral de buscar su mejora.
Aunque la ley Colorado Road and Community Safety Act (SB-251) puesta en efecto 2013, ha proporcionado licencias de conducir, permisos e identificaciones a más de 50.000 inmigrantes en Colorado, sus ineficiencias han dejado al 40 por ciento de residentes inmigrantes del estado sin licencia de conducir o identificación. Una nueva propuesta SB18-108 fue presentada recientemente por legisladores estatales con apoyo bipartidista y está destinada a abordar los problemas planteados por la SB-251.
«Es nuestro deber trabajar arduamente para la mejora legal de nuestro sistema y nuestras leyes, perfeccionándolos y produciendo leyes que respeten la razón y promuevan el bien común de nuestro país y nuestra sociedad», dijo el obispo Rodríguez durante su reflexión sobre el papel de las leyes en la sociedad. «La ley debe basarse en la razón y no en la costumbre, la voluntad, la política, el poder o la moda».
La ley SB-251 solo permite a los residentes con Números Individuales de Identificación del Contribuyente (ITIN por sus siglas en inglés) obtener una licencia, pero pasa por alto a los miles de inmigrantes indocumentados con un Número de Seguridad Social (SSN) válido, incluidos los destinatarios de DACA. Además, para aquellos inmigrantes de Colorado que califican para una licencia o identificación con la SB-251, el tiempo de espera para una cita obligatoria en persona puede variar de entre tres meses a dos años.
La propuesta SB18-108, sin embargo, busca hacer que los documentos de identificación estén disponibles para inmigrantes indocumentados con SSN y permite que el proceso de renovación se realice en línea o por correo.
«No tengo una licencia de conducir, pero tengo que seguir. No puedo detenerme. Tengo que llevar a mis hijos a la escuela», dijo Erika Muñoz, activista voluntaria de Juntos Colorado, al Denver Catholic en español. «Tengo miedo ser detenida y deportada algún día», confesó Erika.
Muñoz hace parte de los muchos inmigrantes afectados por las dificultades del proceso de renovación SB-251. Con solo tres oficinas en Colorado que brindan este servicio, ella ve muy pocas posibilidades de obtener la documentación.
«Me siento frustrada, pero me niego a centrarme en las cosas que no puedo hacer. [Esto] me motiva seguir luchando por un cambio en la ley … y por la igualdad y la dignidad humana «, dijo.
El panel también recibió a Isabel Bazanilla, dueña de un negocio en Aurora, quien se ha visto afectada por la ley de muchas maneras. «Me ha impactado personalmente, a mis empleados y mis clientes», dijo. «No puedo conducir al trabajo. Tengo que tomar el autobús para llevar a mi hija a la escuela e ir a trabajar. Eso hace las cosas mucho más difíciles».
Un problema familiar
Además de afectar a los padres indocumentados, esta ley también está afectando la educación de sus hijos, dijo Cynthia Trinidad-Sheahan, directora de educación secundaria y efectividad educativa en el distrito de Adams 14.
La ley impacta el trabajo de los maestros con los estudiantes, dijo; muchos estudiantes dicen que no pueden ir a la escuela porque sus padres no pueden conducir, y tienen que depender de los vecinos.
«Muchos educadores parecen tener conceptos erróneos de que a los padres de estos estudiantes no les importa», continuó. «Pero es porque muchas veces no tienen una manera de llevarlos a la escuela … lo que [hace] que su participación en la educación del niño sea [difícil]».
Aun así, muchos educadores y sistemas escolares han actuado para satisfacer las necesidades de muchas de estas familias. Trinidad-Sheahan incluso ha hecho visitas a los hogares de los estudiantes para hablar con sus padres: «Es maravilloso ver las caras de los adolescentes cuando nos ven en la puerta. Preguntan: ‘Señorita, ¿por qué han venido a mi casa?’ Y les decimos: ‘Porque ustedes son importantes’ «.
Miles de estudiantes y niños se ven psicológicamente afectados por la incertidumbre del “estado migratorio” de sus padres. Laura Peniche, una beneficiaria de DACA y activista voluntaria, reflexionó sobre el miedo que ella y sus hijos experimentan.
Su hija mayor sabe que su madre puede ser deportada, “esto es una dura realidad para un niño”, dijo. Peniche pidió a todos los residentes de Colorado que se comuniquen con su senador estatal para mostrar su apoyo a la propuesta SB18-108, para que los inmigrantes no teman conducir y puedan trabajar para mantener a sus familias.
El obispo Rodríguez destacó el apoyo de la Iglesia a la comunidad inmigrante y planteó el verdadero desafío que enfrenta la sociedad actual: «El trabajo no está en la Cámara o en el Senado, sino en formar hombres y mujeres en la verdad, con una conciencia clara y sincera … hombres y mujeres que sean fieles a su esencia que es racional…”
«Ya sea usted una persona de fe o no, es claramente razonable decir que la dignidad de una persona no cambia con las circunstancias», dijo, «ya sea que sea pobre o rico, enfermo o saludable, un inmigrante documentado o indocumentado».
